MERCADO ELECTORAL LIBRE: LISTAS ELECTORALES ABIERTAS

La libertad en el mercado supone tres tipos de libertades: la libertad de entrada, la libertad de llevar al mercado el producto y servicio que se quiera ofrecer y, por último, la libertad de salida. Gracias a ellas, la competencia entre los ofertantes hará que los consumidores elijan entre los mejores. Bajo el imperio de esta lógica, quien esté ofreciendo productos y servicios en el mercado se cuidará muy mucho de fallar, de mentir o de no intentar ser el mejor. En el mercado puedes mentir una vez, puedes fallar una vez, pero no siempre y a todos. Esta es la lógica que debe presidir el diseño del sistema electoral en la democracia.

Un sistema de listas electorales cerradas, como el que padecemos en España, está en las antípodas de la sencilla regla del mercado que acabamos de enunciar. Quien en Madrid vota en las elecciones nacionales, por ejemplo, al PP, a Vox, al PSOE o a Sumar, no sabe quién es en concreto el diputado que le representa por Madrid. Vota a bulto, eligiendo una papeleta electoral en la que la lista de nombres ha sido elaborada por el dirigente del partido. En consecuencia, no se permite a los electores elegir a sus representantes, sino optar entre las impresiones ideológicas que traslada a la sociedad el partido político.

Bajo este sistema, el diputado no se debe al elector. Al diputado de Madrid, del partido que sea, le da exactamente lo mismo lo que piensen los electores de Madrid. Sus intereses no están alineados con los de sus electores. Su posición en la lista electoral, su sueldo, a quien se lo debe es al líder del partido. Así que ya puede temblar el mundo en Madrid que, los diputados de Madrid del partido que sea, sin el permiso del líder del partido, no moverán un dedo por los ciudadanos. Esto tiene consecuencias prácticas que hoy podemos ver muy bien.

Con un sistema electoral de listas abiertas, la Ley de amnistía se hubiera detenido en seco en su tramitación en el Congreso de los Diputados. Veamos cómo. De momento fijémonos en que muchos simpatizantes del PSOE son contrarios a esa Ley. Ahí están de botón de muestra las insistentes declaraciones del presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, García Page, de Felipe González o Alfonso Guerra. Pues bien, en un sistema de listas electorales abiertas, en el que los ciudadanos socialistas hubieran elegido directamente a sus representantes en el Congreso, en esta situación, los diputados socialistas elegidos por los ciudadanos de Castilla-La Mancha, hubieran votado en contra de esta Ley. Al estar directamente alineados sus intereses con los de sus electores, les hubieran representado y, naturalmente, habrían dado la espalda al actual presidente del Gobierno.

Otras de las ventajas de las listas electorales abiertas son que, efectivamente, es un sistema más barato para los ciudadanos, más seguro en cuanto a la calidad de los candidatos y que promueve la unión de la sociedad. El diputado de Madrid que quiera ser elegido, sea del partido que fuera, estaría obligado a contactar y ganarse la confianza de los ciudadanos de Madrid. Se financiaría él su campaña electoral, se esforzaría por sostener una trayectoria política en el tiempo e intentaría ser el mejor de entre sus rivales. Tendría que abrir oficinas de atención al ciudadano, como se hace en los Estados Unidos. Allí, los ciudadanos pedirían cuentas a su diputado, le harían llegar peticiones y el partido no se interpondría como un muro entre los ciudadanos y sus representantes. Y, también, como hemos dicho, la situación que provocaría un sistema electoral de listas abiertas sería el de una mayor cohesión social.

En efecto, pues los ciudadanos veríamos a diputados del PSOE votando ciertas iniciativas al lado de diputados del PP, por ejemplo. Al estar pendientes los diputados de los intereses concretos de sus ciudadanos, cada iniciativa legislativa sería examinada según los concretos intereses de los ciudadanos. No se produciría el esperpento del voto disciplinado en las cámaras de representación que hoy podemos ver. Tendría todo el sentido que hubiera el número de diputados que existe hoy porque cada uno trasladaría a la cámara los intereses concretos de quienes le han elegido. En definitiva, la polarización actual de la sociedad en dos bloques, mimetizando el duopolio político básico, no existiría. Ni, en consecuencia, tampoco los partidos nacionalistas tendrían el peso que hoy tienen cuando alguno de los duopolistas (PP y PSOE) no consigue gobernar con mayoría absoluta.

En un sistema de listas abiertas, desde luego, alguien con una tesis doctoral plagiada, sin ningún mérito profesional o laboral, podría intentar presentarse como candidato. Pero, posiblemente, no pasaría del intento. Y, si consiguiera pasar y llegar a ser presidente del gobierno y, por no se sabe bien qué carambolas, decidiera mantenerse en el poder vendiendo el principio de legalidad constitucional y de separación de poderes, sería frenado en seco por muchos de los diputados que en general tuviesen su misma ideología. No podría ese personaje atrincherarse en la estructura del partido, haciendo valer sobre los demás el poder que le da ser él quien componga las listas electorales.

Algunos de los partidos nuevos que han nacido por el hartazgo de las políticas del PP y el PSOE, llevaban en sus programas electorales cambiar el sistema electoral introduciendo las listas abiertas y eliminando el método D´Hondt de la Ley electoral. A la mayoría, las buenas intenciones les han durado lo que han tardado en recibir la subvención del Estado. En el mismo momento que el dinero ha entrado en los bolsillos de estos partidos, el tema ha desaparecido de su agenda política. Ninguno ha entendido (y no será porque no paguen asesores) que las listas cerradas y el método D´Hondt, funcionan de manera coordinada. Y, así, que cualquier partido minoritario de carácter nacional en España es siempre flor de un día. En este perverso sistema, los electores se ven empujados a votar allí donde su voto es más valioso y, en consecuencia, que el criterio de utilidad favorezca la acumulación de votos en los duopolistas: PSOE y PP.

Ya estamos viendo cómo, irremisiblemente, Sumar y Vox han comenzado a perder votos. Las estrategias de estos partidos, participando del gobierno del PSOE – en el caso de Sumar -, y de los gobiernos autonómicos del PP – en el caso de Vox -, no puede ser más desacertada. Esa estrategia da alas al criterio de utilidad entre los electores y, así, a que piensen que, si son lo mismo, es mejor votar al partido donde más puede rentar el voto.

Bajo el sistema de listas cerradas, la única opción de supervivencia de los partidos minoritarios es que, efectivamente, en lo mejor de su ciclo, antes de ser devorados por el duopolio, no se dejen llevar por la arrogancia del aparente éxito, no vendan sus principios a la subvención del Estado, e impulsen la reforma del sistema electoral para que los ciudadanos puedan elegir a sus representantes de manera personal. En nuestro sistema, la supervivencia de las ideas que representan Vox, Podemos, Sumar y, en fin, cualquier partido minoritario con vocación nacional, pasa, paradójicamente, por cambiar las normas que hacen de nuestro sistema una partidocracia y favorecen el duopolio.

La paradoja está en que, al hacerlo, esos partidos, lo mismo que los duopolistas actuales, habrán dejado de existir como estructura, dependiendo ahora de lo que hagan personalmente los diputados que quieran defender su ideología.

El sistema de listas abiertas trata a los políticos como lo que son. No se deja engañar por el abuso del lenguaje que se suele hacer hoy en día. No cree que una ideología vaya a cambiar el mundo, ni nada por el estilo. Trata la idea de un líder, un partido, una ideología, una nación, como lo que es, un colectivismo comunista, nazi o fascista. Simplemente atiende al hecho de que los políticos sirven a los ciudadanos y que, por lo tanto, estos tienen que elegir a las personas por las que quieren ser servidos.

En definitiva, los políticos son, sencillamente, como diría el premio Nobel James M. Buchanan, buscadores de rentas. Al político concreto se le paga un sueldo para que represente al ciudadano y, si no lo hace, si no defiende los concretos intereses de ese ciudadano, se le despide.

En fin, quienes diseñaron la Constitución de 1978 y la Ley electoral, evidentemente, estaban en las antípodas de dejar en manos de los ciudadanos la elección de quienes les iban a representar. Ni la libertad, ni los principios del mercado, ni la desconfianza en el poder, eran una opción de diseño. Los ciudadanos podrían ir a votar cada cuatro años, pero al partido, a la ideología y al líder; es decir, a la lista de mansos y dóciles con el líder del partido. Hoy los ciudadanos vivimos condenados a la corrupción política, a la posible Ley de amnistía, a la inflación de la administración con cargos inútiles, a mirarnos unos a otros como enemigos ideológicos, al desprestigio del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal, porque, un día se nos dijo que entrábamos en una democracia cuando aquello era una partidocracia.