Muchos terceros que aparecen en las relaciones mercantiles clásicas lo hacen por dos razones fundamentalmente. Una es la celeridad en las transacciones comerciales, la segunda es la seguridad. Son terceros por estas razones las entidades financieras, los antiguos agentes de cambio y bolsa, los antiguos corredores de comercio, los notarios, los registradores, los abogados en su faceta preventiva del conflicto, el Estado, etc. Estos terceros han dado lugar a una forma de contratar, de pagar, de transmitir la propiedad, y de prevenir los conflictos mercantiles, a la que llamaré intermediada.

Los terceros verían impulsada su importancia en el comercio por la intervención del Estado. Sobre todo, respecto a las cuestiones que tenían que ver con la seguridad. El Estado y los terceros se mueven todavía de modo acompasado en el mercado. Muchas de las funciones que desempeña el tercero es porque el Estado le respalda.

En estas relaciones, sería fundamental la del Estado con los bancos. La historia del privilegio y la intervención en esta relación ya la he descrito (III). La tecnología de la cadena de bloques pone en crisis la noción de moneda, como unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor y, con ello, la influencia del Estado y las entidades de crédito en la economía. El desarrollo de esta tecnología en el mundo mercantil ha hecho que se ensayen nombres nuevos para designarla, como el de “internet del valor”.

A partir de este hecho, las reacciones han sido de lo más variopinto. Hay quienes enseguida han pedido regular el uso de esta tecnología. Estas voces vienen de las instituciones financieras del Estado, los organismos de supervisión, y las distintas asociaciones e instituciones que representan al sector financiero intermediado. A todos ellos, les hacen los coros juristas y economistas que no conciben la realidad si no es a través de la lente de una norma. Todos los argumentos procedentes de este sector parten y alimentan una sensación: el miedo. En el otro extremo, están quienes piensan que lo mejor de esta tecnología es precisamente el que elude al Estado y los terceros. Para quienes pensamos de este modo, el uso de la tecnología de la cadena de bloques debe producir por sí mismo las normas necesarias para su uso correcto. Lo más interesante de esta tecnología es precisamente ver cómo se usa. Hasta ahora las autoridades no han desplegado sus armas de destrucción masiva de la libertad (su aparato regulador), y es toda una experiencia ver que las personas son capaces de regular sus comportamientos perfectamente.

Bajo la tecnología del blockchain se pueden estructurar casi cualquier tipo de relación entre las personas en las que la seguridad sea relevante. Y, naturalmente, el dinero ha sido uno de los primeros destinatarios de esta tecnología. A través de ella, queda incluso cuestionada la democracia representativa, la forma de realizar cualquier tipo de contrato o acto que haya de tener cualquier tipo de repercusión para los demás, etc. Allí donde el tercero era fundamental para la seguridad, esta tecnología cuestiona su necesidad. Las grandes ventajas del Blockchain son que su seguridad es mayor que la que cualquier institución puede ofrecer, el abaratamiento delas relaciones comerciales, al prescindir de los terceros, y la máxima celeridad en la ejecución de las relaciones comerciales.

En el caso de las criptomonedas, éstas, además de todas las ventajas que he indicado, suponen un cambio económico a muchos niveles. Estas monedas no necesitan de bancos ni del Estado para existir y ser eficaces en el comercio. Pensemos que la moneda la inventaron los hombres al comerciar, no la inventaron los Estados. La relación de los Estados con la moneda se cuenta como una historia de control sobre el ciudadano (III,6). Con la criptomoneda estamos en aquella situación original en la que las personas convinieron qué era dinero. No hay que tener miedo por el hecho de que ninguna autoridad bancaria respalde la moneda. Desde Nixon todo el dinero que manejamos es fiduciario, no está respaldado por ningún bien escaso. Y desde antes de él, la historia no ha hecho más que demostrar que los Estados han usado la moneda con total desconsideración a los intereses de los ciudadanos.

El carácter irreversible de las transacciones no es un inconveniente. Desde que existen letras de cambio, por ejemplo, la obligación de pago es abstracta de la causal, y los problemas que ello ha generado no han implicado que se dejaran de usar. La razón es que los inconvenientes del sistema de pago con la letra de cambio estaban más que compensados por sus enormes beneficios. Así que, el que las transacciones sean irreversibles, más que ser un inconveniente, es una ventaja. El riesgo de impago se reduce, el sistema de garantías contractuales se minimiza. Y lo mismo podríamos decir de los problemas de consentimiento. En definitiva, que esta tecnología en realidad da miedo porque muchos terceros ven peligrar su necesidad en el comercio.

La <<cadena de bloques>> también permite colocar en el mercado valores, lo que sirve a la financiación empresarial (ICO Initial Coin Offerings). La sociedad emisora puede colocar en el mercado unas fichas (tokens), que dan derecho, a quienes las adquieren, a los bienes y servicios que esa sociedad presta. Como digo, esta tecnología también puede usarse para captar recursos financieros para las empresas. A través de ella las empresas pueden comprometer con los suscriptores de las fichas los futuros beneficios.

Naturalmente, la Autoridad Europea de Valores y Mercados ha publicado, el 14 de noviembre de 2017, un Comunicado advirtiendo sobre los tokens. En él advierte a los consumidores del peligro de suscribirlos y, del mismo modo, a las entidades que pudieran recomendar la inversión en ICOs. En el caso de los <<security tokens>>, éstos pueden servir como un modo de financiación empresarial. La CNMV en sus “Consideraciones sobre criptomonedas e ICOs dirigidas a los profesionales del sector financiero”, de 8 de febrero de 2018, ha indicado que, en la medida que pueden ser consideradas como valores negociables estarán sometidas a las normas sobre MiFID II, la Directiva de folletos y la Directiva sobre Gestores de Fondos de Inversión alternativos.

En esta materia, como en todas, buscar y poner problemas es fácil. Basta con que se piense que el sistema se pretende perfecto. Así, indudablemente, siempre aparecerán pegas. Pero la realidad en el mundo del comercio no es de perfección, es de utilidad. Las personas saben que en cualquier sistema de comercio habrá riesgos y problemas; el tema es si va a compensar asumirlos, si realmente el medio es funcional. El que lo sea o no lo debe decir el mercado. No hay ninguna razón inteligente para poner freno a algo que libera el comercio de los terceros.

El fenómeno de las criptomonedas hay que verlo en el nuevo entorno de la economía colaborativa. No me gusta mucho ese nombre, puede dar lugar a confusión. Economía colaborativa no significa el triunfo de ningún principio colectivista. Los fines de cada uno en la economía son singulares. Tampoco significa una comunidad de medios para alcanzar fines colectivos. Los medios aparecen entre todos, pero para satisfacer necesidades singulares. Tampoco significa la desaparición de la propiedad privada, ni de los bienes de producción, ni del capital. Significa simplemente la desaparición de los terceros en el mercado. Y ello gracias a que todos dan seguridad a todo tipo de relaciones económicas singulares.

En el escenario financiero tecnológico, el “ataque” a las criptomonedas viene por dos frentes. Uno es la regulación de toda la materia relativa a FINTECH (V,3), el segundo, está en la merma de la confianza en cualquier moneda encriptada que no esté respaldada por el Estado. El objetivo es que el Estado controle el escenario tecnológico en el que se desarrolla esta tecnología y las consecuencias financieras que conlleva.

La Comisión Europea el 14 de septiembre de 2016 ha dicho que debe regularse el potencial innovador de las tecnologías de la información. Se ha creado un grupo de trabajo (Financial Technology Task Force) con el objetivo de crear una estrategia general en materia de tecnologías financieras (Fintech). La intervención se sirve con el argumento de que lo que se pretende es favorecer un sector financiero más competitivo e innovador. A estas alturas ya se sabe que supervisión y control son términos antagónicos a competencia e innovación.

El 23 de marzo de 2017 se publicó la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité Europeo de las Regiones, sobre el Plan de acción de servicios financieros destinados a consumidores: mejores productos y una oferta más variada (COM 2017, 137 final), el 8 de marzo de 2018, se produce una Comunicación dirigida por la Comisión a los mismos organismos, sobre el Plan de acción en materia de tecnología financiera: por un sector financiero más competitivo e innovador (COM 2018, 109, final). A través de ellos se quiere inspirar la regulación del sector. Después de leer las comunicaciones, la idea que prevalece es la resistencia a este tipo de tecnologías. En efecto, la normativa bancaria desincentiva la irrupción de la tecnología de registro distribuido. Se ha denunciado el hecho de que las entidades financieras hayan puesto costes transaccionales distorsionadores del mercado a las FinTech. Las llamadas interchange fees (Reglamento 2015/751) son tasas de intercambio que imponen los emisores de las tarjetas a los adquirentes del servicio. Estas tasas dificultan la competencia de las empresas de servicio de pago.

El punto fuerte de las criptomonedas frente al Estado está en la opacidad. Sin información sobre los titulares de las criptomonedas, el Estado tiene poca maniobra para interferir. Por ello, el Estado insiste mucho en usar en el mismo discurso criptomonedas y delincuencia. El 5 de julio de 2016 fue aprobada una Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo modificando la Directiva (UE) 849/2015, del Parlamento y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Dice su exposición de motivos que tanto las plataformas de cambio de monedas virtuales, como los servicios de custodia de monederos electrónicos deben ser regulados.

De este modo, los Estados y las entidades financieras propagan el miedo y la necesidad de que ellos tienen que estar ahí si el ciudadano no quiere sufrir. La regulación ha comenzado imponiendo el deber de informar cuando se tiene este tipo de monedas (v. Ley 7/2012, por la que se modifica la normativa tributaria y presupuestaria, en concreto la disposición ad. 18 de la LGT. Ver también los arts. 42 bis, 42 ter y 54 bis Reglamento General de Actuaciones y procedimientos de gestión e inspección 1065/2007, 27 de julio).

También se ha querido someter al IVA la transacción de estas monedas, lo que hubiera supuesto un golpe demoledor para su consideración como dinero. No obstante, el 22 de octubre de 2015 el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia sobre la exención o no de IVA de las operaciones de cambio de divisas “virtuales” por las “tradicionales” (como sabemos también “virtuales” -fiduciarias -). La cuestión surge sobre la interpretación de los artículos 2, ap.1 y 135, apartado 1 Directiva 112&2006 CE del Consejo de 28 de noviembre de 2006 relativa al IVA. El problema se suscita entre la Administración Tributaria Sueca y el Sr. Hedqvist, ya que la Ley Sueca declara exentas de IVA las operaciones relativas a billetes y monedas que sean medios legales de pago. La misma norma establece la exención de los servicios bancarios y financieros y de las operaciones de títulos-valores o comparables a éstas. El Sr. Hedvist quería montar una plataforma de intercambio de divisas (dinero virtual por dinero convencional). La Sentencia razona que la moneda virtual es moneda, medio de pago, y no puede entenderse que la operación de intercambio a la que se refiere la cuestión judicial sea intercambio de bienes. Pero, a la segunda cuestión, de si la prestación de servicio por parte del Sr. Hedvist lo es a los efectos de devengar IVA, señala que sí. Y contestando a si las operaciones de intercambio de dinero virtual por convencional estarían dentro de la exención del art. 135,1º, e) de la Directiva: operaciones en “divisas, los billetes de banco y las monedas que sean medios de pago legales”, las considera exentas. La razón la encuentra el Tribunal en que las monedas virtuales son monedas de pago normales y se desvirtuaría su función si no se las tratase fiscalmente como al dinero tradicional.

Esta sentencia ha tenido consecuencias en la interpretación que la Agencia Tributaria estaba haciendo sobre la tenencia y transmisión de <<criptomonedas>> a los efectos del IVA (Consultas: V1028-15; 1029-15; 2846-15; 1748-18; 2034-18), sentándose la opinión favorable a la exención del IVA.

La sentencia debió dejar bastante inquieto al sistema financiero intermediado y a los Estados. Los gobiernos no han tardado en reaccionar. El 23 de febrero de 2016 la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo aprobó un Proyecto de informe sobre monedas virtuales, en el que se contiene una propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre monedas virtuales. En ella se tienen en cuenta distintos informes de la Autoridad Bancaria Europea, del Banco Internacional de Pagos, del Banco de Inglaterra, del Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional (todas ellas instituciones creadas y protectoras del sistema financiero intermediado). En dicho informe se señala el peligro de esta nueva tecnología y, como no, se advierte que la misma puede ser usada de manera delictiva. Así, se pide una regulación sobre la materia. Entre los aspectos que se quieren regular, se pone interés en los servicios de pago a través de estas monedas. Aquí es donde confluirá la regulación de las tecnologías Fintech a las que me he referido. En el mismo informe se pide una regulación a los efectos del IVA: 8. Recomienda a los organismos públicos exploren el uso en tiempo real de instrumentos de supervisión y de presentación de informes basados en TRD como parte de la agenda de tecnologías de regulación (RegTech) en el sector financiero y fuera de él, entre otras cosas, para reducir la notable brecha de IVA en la Unión. El Estado, que nada de esto ha inventado, tiene la arrogancia de decir porqué será o no un éxito este tipo de moneda, cuando él va a ser el obstáculo principal. Aún más, dice que, si no se cuenta con él, será un fracaso: 7. La credibilidad de las monedas virtuales no podrá aumentar si estas se usan con fines delictivos. Desde ese punto de vista el anonimato será una traba más que una ventaja, para las monedas virtuales que se están implantado y para la propagación de sus beneficios potenciales.

Existen propuestas y estudios que están avalando el que la moneda fiduciaria de los Estados sea distribuida a través de esta tecnología.  El 10 de abril de 2018 se firmó una declaración por parte de veintidós países para el establecimiento de una Empresa Europea de Blockchain. Con esta iniciativa de la UE no preveo nada bueno para la libertad. Sé que se ha dicho que, con ese estímulo, Europa no perderá la iniciativa tecnológica, Europa seguirá innovando en tecnología, etc., pero, y espero que el tiempo me quite la razón, de la iniciativa de esos veintidós Estados lo que va a salir es más “control”. No obstante, conociendo la tecnología, parece difícil que normas y disposiciones restrictivas puedan llegar a bloquearla.